Por todos es bien sabida la manera en la que se llevó a cabo el fichaje de Víctor Machín, Vitolo, por el Atlético de Madrid. Han pasado ya varios meses desde que el Consejo de Administración decidiera emprender acciones legales contra todas las partes implicadas. Empezando por el propio jugador y continuando con el equipo rojiblanco, la UD Las Palmas y su agencia de representación.

El ‘Caso Vitolo’

El equipo sevillista ya tenía preparado el acuerdo para la renovación del canario. Firmado por su representante y el padre del jugador. Dicha renovación suponía, entre otras mejoras, un aumento de la cláusula del jugador (de 40 a 50 millones). Había acuerdo por todas las partes. Sólo faltaba la firma del jugador en el nuevo contrato. José Castro lo daba por hecho hasta que Vitolo dio la espantada. El 12 de julio el canario abonaba su cláusula en la sede de La Liga. Prácticamente a la misma vez, los colchoneros pagaban dicha cantidad y llegaba a un acuerdo con el equipo canario para que el futbolista jugase allí hasta enero.

Por este cúmulo de circunstancias, el Sevilla decidió presentar en los Tribunales el caso y confiar en una resolución justa.

Victoria en los despachos

Después de esta larga espera el TAF, Tribunal de Arbitraje del Fútbol, ha dictaminado a favor de la entidad isleña. Como consecuencia, el equipo hispalense les deberá abonar alrededor de 4 millones de euros (12,5 por ciento del total). El concepto: la plusvalía generada por el pago de los 35.805.000 euros que abonó el jugador para desvincularse del Sevilla.

Pepe Castro siempre había asegurado que a su entidad no le correspondería pagar el porcentaje puesto que la salida no se hizo mediante un traspaso. 

El Sevilla FC no se da por satisfecho con la sentencia del TAF. Ante este dictamen, la entidad de Nervión se planteará en los próximos días la posibilidad de recurrir la sentencia.

 

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